Pronunciamiento de las Organizaciones Sociales en relación a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones
Guatemala atraviesa por una de las peores crisis de seguridad de su historia, con más de 6,000 homicidios en el año 2008, nuestro país reporta una de las cifras más altas de violencia de América Latina. Junto al alto número de hechos violentos cometidos, la impunidad, entendida como la falta de castigo para los delitos, que alcanza hasta el 95% de los delitos que se presentan al sistema de justicia, es uno de los principales problemas nacionales, en los casos graves esta situación es aún peor, solamente dos de cada cien casos de homicidio, uno de cada cien casos de violación, y cuatro de cada cien casos de evasión fiscal obtienen una respuesta del sistema penal; mientras que en los casos del conflicto armado interno la impunidad es casi total. La falta de castigo por parte del sistema de justicia constituye el factor principal para que los delincuentes sigan cometiendo estos hechos violentos.
Sin lugar a dudas uno de los factores más importantes para combatir la impunidad es contar con jueces y magistrados capaces, independientes y honestos, que puedan juzgar los casos que se sometan a su conocimiento con apego a las leyes, y sin presiones de parte de los poderes tradicionales, el crimen organizado y otros sectores que han debilitado el sistema de justicia. La independencia judicial no solo es un derecho de los jueces, sino también del ciudadano, quien necesita contar con una justicia efectiva, imparcial, y expedita.
La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones que se está realizando actualmente, tendrá como resultado la selección de quienes dirigirán el Organismo Judicial para el período 009-2014, por ello este proceso es fundamental para garantizar la independencia del poder judicial y por tanto del avance del sistema de justicia para los próximos cinco años. En ese sentido, las organizaciones abajo firmantes, manifestamos:
I. Nuestra preocupación por los intereses de grupos de poder tradicionales, crimen organizado y otros sectores interesados en influir en la elección de Magistrados, que se han manifestado en todo el presente proceso de elecciones, a través de procesos legales contra la Ley de Comisiones de Postulación, financiamiento sin control en las campañas en el Colegio de Abogados, compra de voluntades, pago de becas en el extranjero para candidatos; entre otras prácticas que afectan la independencia real de los futuros magistrados.
II. Nuestro interés legítimo en exigir que garantice la correcta aplicación de la Ley de Comisiones de Postulación, así como de colaborar con las comisiones respectivas en la elección de los magistrados idóneos, y para el efecto exigimos a las Comisiones de Postulación que tomen en cuenta los siguientes aspectos:
1. Los vetos que las organizaciones sociales y personas individuales
presenten contra candidatos, siempre y cuando estos vetos sean
debidamente documentados.
2. Que la calificación de los aspirantes se haga en forma colectiva por toda laComisión, por medio de un proceso amplio y participativo de discusión, evitando la formación de grupos para calificar a los aspirantes.
3. Que dentro del proceso de calificación de expedientes, las Comisiones
descarten totalmente aquellos candidatos que presenten las siguientes
características:
a. Personas condenadas por evasión de impuestos.
b. Personas sancionadas o con reparos por parte de la Contraloría General
de Cuentas de la Nación.
c. Personas con antecedentes penales por delitos dolosos.
d. Miembros de comités ejecutivos de partidos políticos.
e. Personas condenadas por violaciones a los Derechos Humanos.
f. Abogados, jueces y fiscales vinculados a adopciones ilegales y trata de
personas.
g. Familiares de miembros de la comisión.
4. Que dentro de los aspectos a evaluar a cada candidato se exija las declaraciones de pago de impuestos de los últimos cinco años, esto resulta
fundamental pues un abogado que no paga impuestos debilita al Estado y
no tiene la solvencia moral para dirigir una institución del mismo Estado.
5. Que en aras de la transparencia del procedimiento, los votos para elegir a
los candidatos sean públicos y de viva voz.
6. Que se realicen entrevistas públicas con los aspirantes mejor calificados,
las cuales deberán versar sobre los siguientes aspectos:
a. Independencia judicial
b. Derechos humanos, incluyendo derechos económicos, sociales y
culturales
c. Género
d. Multiculturalidad
Las organizaciones firmantes presentaran en los próximos días, a las respectivas Comisiones de Postulación, una propuesta de entrevista para que sea considerada en este proceso.
7. Que al momento de seleccionar a los veintiséis candidatos a Corte Suprema de Justicia y los 180 candidatos a la Corte de Apelaciones, se tomen en cuenta aspectos de representación de género y de pueblos indígenas.
8. Que en el caso de los Magistrados que busquen la reelección, esta esté condicionada a la evaluación del desempeño satisfactoria.
III. Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación porque el abogado Roberto Echeverría Vallejo haya sido electo como secretario suplente de la Comisión de Postulación para candidatos a magistrados de la Corte de Apelaciones, pues dicha persona es un abogado con vínculos con redes de adopciones ilegales, involucrado en la corrupción de testigos y en la defensa de violadores de derechos humanos ; por lo que pedimos a la Comisión de Postulación que cambie dicho nombramiento.
Creemos que si las Comisiones de Postulación aplican correctamente la ley de Comisiones de Postulación y los aspectos anteriores, los guatemaltecos y guatemaltecas podremos contar con mejores magistrados, y avanzar en el fortalecimiento del sistema de justicia y del Estado Democrático de Derecho.
Guatemala, agosto de 2009
Asociación de Abogados Mayas de GuatemalaCentro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala – CALAS -
Centro de Acción Legal en Derechos Humanos –CALDH –
Centro de Análisis Forenses y Ciencias Aplicadas – CAFCA-
Centro de Estudios de Guatemala –CEG-
Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos –CIIDH-