Y el listado de postulantes para optar a los puestos de Magistrados de las Salas de Apelaciones, está aquí.

Guatemala atraviesa por una de las peores crisis de seguridad de su historia, con más de 6,000 homicidios en el año 2008, nuestro país reporta una de las cifras más altas de violencia de América Latina. Junto al alto número de hechos violentos cometidos, la impunidad, entendida como la falta de castigo para los delitos, que alcanza hasta el 95% de los delitos que se presentan al sistema de justicia, es uno de los principales problemas nacionales, en los casos graves esta situación es aún peor, solamente dos de cada cien casos de homicidio, uno de cada cien casos de violación, y cuatro de cada cien casos de evasión fiscal obtienen una respuesta del sistema penal; mientras que en los casos del conflicto armado interno la impunidad es casi total. La falta de castigo por parte del sistema de justicia constituye el factor principal para que los delincuentes sigan cometiendo estos hechos violentos.

Sin lugar a dudas uno de los factores más importantes para combatir la impunidad es contar con jueces y magistrados capaces, independientes y honestos, que puedan juzgar los casos que se sometan a su conocimiento con apego a las leyes, y sin presiones de parte de los poderes tradicionales, el crimen organizado y otros sectores que han debilitado el sistema de justicia. La independencia judicial no solo es un derecho de los jueces, sino también del ciudadano, quien necesita contar con una justicia efectiva, imparcial, y expedita.

La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones que se está realizando actualmente, tendrá como resultado la selección de quienes dirigirán el Organismo Judicial para el período 009-2014, por ello este proceso es fundamental para garantizar la independencia del poder judicial y por tanto del avance del sistema de justicia para los próximos cinco años. En ese sentido, las organizaciones abajo firmantes, manifestamos:

I.  Nuestra preocupación por los intereses de grupos de poder tradicionales, crimen organizado y otros sectores interesados en influir en la elección de Magistrados, que se han manifestado en todo el presente proceso de elecciones, a través de procesos legales contra la Ley de Comisiones de Postulación, financiamiento sin control en las campañas en el Colegio de Abogados, compra de voluntades, pago de becas en el extranjero para candidatos; entre otras prácticas que afectan la independencia real de los futuros magistrados.

II. Nuestro interés legítimo en exigir que garantice la correcta aplicación de la Ley de Comisiones de Postulación, así como de colaborar con las comisiones respectivas en la elección de los magistrados idóneos, y para el efecto exigimos a las Comisiones de Postulación que tomen en cuenta los siguientes aspectos:

1.  Los vetos que las organizaciones sociales y personas individuales
presenten contra candidatos, siempre y cuando estos vetos sean
debidamente documentados.

2.  Que la calificación de los aspirantes se haga en forma colectiva por toda laComisión, por medio de un proceso amplio y participativo de discusión, evitando la formación de grupos para calificar a los aspirantes.

3.  Que dentro del proceso de calificación de expedientes, las Comisiones
descarten totalmente aquellos candidatos que presenten las siguientes
características:

a.  Personas condenadas por evasión de impuestos.

b.  Personas sancionadas o con reparos por parte de la Contraloría General
de Cuentas de la Nación.

c.  Personas con antecedentes penales por delitos dolosos.

d.  Miembros de comités ejecutivos de partidos políticos.

e.  Personas condenadas por violaciones a los Derechos Humanos.

f. Abogados, jueces y fiscales vinculados a adopciones ilegales y trata de
personas.

g. Familiares de miembros de la comisión.

4. Que dentro de los aspectos a evaluar a cada candidato se exija las declaraciones de pago de impuestos de los últimos cinco años, esto resulta
fundamental pues un abogado que no paga impuestos debilita al Estado y
no tiene la solvencia moral para dirigir una institución del mismo Estado.

5. Que en aras de la transparencia del procedimiento, los votos para elegir a
los candidatos sean públicos y de viva voz.

6. Que se realicen entrevistas públicas con los aspirantes mejor calificados,
las cuales deberán versar sobre los siguientes aspectos:

a. Independencia judicial

b. Derechos humanos, incluyendo derechos económicos, sociales y
culturales

c. Género

d. Multiculturalidad

Las organizaciones firmantes presentaran en los próximos días, a las respectivas Comisiones de Postulación, una propuesta de entrevista para que sea considerada en este proceso.

7.  Que al momento de seleccionar a los veintiséis candidatos a Corte Suprema de Justicia y los 180 candidatos a la Corte de Apelaciones, se tomen en cuenta aspectos de representación de género y de pueblos indígenas.

8. Que en el caso de los Magistrados que busquen la reelección, esta esté condicionada a la evaluación del desempeño satisfactoria.

III.  Las  organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación porque el abogado Roberto Echeverría Vallejo haya sido electo como secretario suplente de la Comisión de Postulación para candidatos a magistrados de la Corte de Apelaciones, pues dicha persona es un abogado con vínculos con redes de adopciones ilegales, involucrado en la corrupción de testigos y en la defensa de violadores de derechos humanos ; por lo que pedimos a la Comisión de Postulación que cambie dicho nombramiento.

Creemos que si las Comisiones de Postulación aplican correctamente la ley de Comisiones de Postulación y los aspectos anteriores, los guatemaltecos y guatemaltecas podremos contar con mejores magistrados, y avanzar en el fortalecimiento del sistema de justicia y del Estado Democrático de Derecho.

Guatemala, agosto de 2009

Asociación de Abogados Mayas de GuatemalaCentro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala – CALAS -
Centro de Acción Legal en Derechos Humanos –CALDH –
Centro de Análisis Forenses y Ciencias Aplicadas – CAFCA-
Centro de Estudios de Guatemala –CEG-
Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos –CIIDH-

1. Con base en las informaciones recabadas, la documentación obtenida y los hechos comprobados, la delegación no tiene la menor duda de que el domingo 28 de junio, en Honduras ocurrió un golpe de estado, premeditado, orquestado y perpetrado por las Fuerzas Armadas, actores políticos, empresarios y, sobre todo funcionarios de los distintos poderes del Estado quienes incumplieron con su deber de respetar y proteger el estado de derecho, acción esta que la crisis política previa no justifica. Acción esta que conlleva consecuencias imprevisibles a la institucionalidad democrática y al Estado de derecho.

2. La delegación ha podido constatar que en aras de justificar la acción golpista, se ha producido un retorcimiento de las leyes del país, lo cual pone en una situación total de deterioro de la institucionalidad del Estado. De acuerdo con la documentación puesta a disposición de la delegación se aprecia preocupantemente la alteración de documentos legales que comprometerían en mayores delitos al sistema de justicia.

3. Derivado del golpe de Estado confirmado, las autoridades de turno han impuesto restricciones a garantías individuales y sociales, mismas que vulneran derechos fundamentales de la población que se ve restringida en sus más elementales derechos y garantías.

4. La población hondureña han desarrollado una acción no violenta, pacífica, masiva, de resistencia al golpe de Estado, la cual aún en un marco de represión, se ha mantenido con respeto a los miembros de las fuerzas de seguridad, por lo que su reacción responde a los actos de agresión que dichas fuerzas han producido.

5. La militarización del país y el uso indiscriminado de la fuerza sin control, ha derivado en la violación de derechos humanos, tan elementales como el derecho a la vida, puesto que hemos podido constatar al menos cinco ejecuciones extrajudiciales, derivadas directamente de esta situación, así como violaciones a los derechos a la movilización, expresión, manifestación y reunión, lo que ha producido más de 120 detenciones (previas al domingo cinco), relacionadas con las manifestaciones de resistencia al golpe; 180 detenciones vinculadas con el toque de queda quedando al momento 18 personas ligadas a proceso por acusaciones como asociación ilícita y sedición con relación a estos hechos.

6. El estado de sitio y el toque de queda impuestos autoritariamente dejan a la población en un estado de total indefensión ante arbitrariedades y abusos por parte de las fuerzas de seguridad, particularmente militares que tienen control del territorio.

7. La delegación ha podido constatar que las libertades de expresión, de información y de prensa, están siendo constantemente violentadas en Honduras siendo los medios radiales los más afectados por la alta represión a la cual están sometidos. Se pudo constatar que seis radios y una televisora fueron cerradas y censuradas durante los primeros días del golpe de Estado. Los únicos medios de comunicación que no tienen dificultades para realizar su trabajo son afines a las líneas políticas marcadas desde el Estado, impidiendo el acceso a una información independiente, imparcial o crítica.
8. Derivado de las limitaciones a la información, la población hondureña carece de información veraz y completa sobre los acontecimientos, en tanto reina un clima de desinformación casi total, lo cual genera incertidumbre, miedo y zozobra en la población. Situación que se agrava con una campaña mediática que permanentemente incita a la población a defender el golpe de Estado y estigmatiza a quien lo resiste.

9. En el marco de la confrontación desarrollada desde el entorno que perpetró el golpe, se ha dado lugar a una campaña mediática de xenofobia en contra de ciudadanos no hondureños, particularmente de ciudadanos nicaragüenses y venezolanos, quienes son detenidos arbitrariamente.

10. Las autoridades de facto, así como los sectores que sostuvieron la campaña previa al golpe de Estado han mantenido una campaña mediática de intolerancia política y estigmatización a grupos de la izquierda, exacerbando la acción violenta en contra de los mismos.

11. Lamentablemente, instituciones clave para la protección y defensa de garantías ciudadanas y derechos humanos, tales como el Comisionado de Derechos Humanos, presidido por el doctor Ramón Custodio, formaron parte del entorno que justificó y sostuvo el golpe de Estado, lo que produce que sea visto como parte del complot golpista.

12. En ese comprometimiento con la acción golpista, el Comisionado de Derechos humanos abandonó su rol de vigilante de las libertades y garantías y no ha desarrollado acción alguna en favor de la población afectada por la labor represiva del Estado la cual se ve en un altísimo nivel de indefensión.

RECOMENDACIONES

1. La delegación considera indispensable la anulación de todas y cada una de las medidas que restringen derechos a la población hondureña. Disposiciones tales como el toque de queda y el Estado de Sitio deben ser derogados de forma inmediata e irrrestricta para evitar la comisión de abusos y permitir al pueblo hondureño expresarse con total libertad. Las autoridades de facto deben desistir de su imposición de restricciones a la libertad de información y expresión, a fin de que el pueblo hondureño pueda ser informado con absoluta imparcialidad y pueda igualmente expresarse sin limitaciones.

2. Las actuales autoridades deben cesar en su conducta hostil contra los ciudadanos hondureños y no hondureños, a fin de propiciar un clima de convivencia pacífica y tolerante.

3. En aras de recoger plena e imparcialmente la información sobre la totalidad de acciones violatorias de derechos humanos y ante la evidente infuncionalidad de una instancia nacional con este mandato, la delegación considera indispensable que la comunidad internacional cree una instancia de derechos humanos especializada para la atención y protección a las y los habitantes de Honduras, en particular a los defensores de derechos humanos. Esta instancia podría funcionar con el apoyo de los organismos internacionales de derechos humanos y con los fondos de emergencia de la Comisión Europea.

4. Es necesario identificar a todas las personas, funcionarios y funcionarias, civiles y militares, involucradas en la acción golpista, para proceder a un acuerdo de sanción de inhabilitación política de las mismas, a fin de que no solo evite la impunidad por estos hechos en Honduras sino que envíe un mensaje claro hacia otros países de la región, en aras de evitar nuevas intentonas contra el orden constitucional.

5. La delegación cree vital y urgente el llamado a un diálogo nacional con participación de todos los sectores, particularmente el movimiento social y de derechos humanos, así como el sector empresarial, para encontrar una salida pacífica a la actual crisis, sin que ello implique una acción de impunidad por los delitos cometidos por los actores involucrados en el golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos.

6. Para evitar riesgos de dogmatización y sectarismo en el proceso, las iglesias de todas las denominaciones en honduras, han de actuar únicamente como observadoras.

7. Se recomienda a las entidades internacionales conformar un grupo de apoyo y acompañamiento para la solución de la crisis en Honduras.

8. Ante los hechos constatados en Honduras, la delegación considera necesario sugerir a los organismos e instancias internacionales revisar y actualizar sus criterios de actuación ante violaciones a derechos humanos y protección de defensores para poder agilizar las respuestas a situaciones como las acontecidas en Honduras. Sugiere también que se otorguen fondos de emergencia a organizaciones de derechos humanos que actualmente desarrollan acciones de defensa y documentación de violaciones a derechos humanos.

Guatemala, 7 de julio de 2009

DELEGACIÓN POR LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS DE
GUATEMALA EN HONDURAS

Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz, Fundación Rigoberta Menchú Tum, Asociación de Abogados y Notarios Mayas, Convergencia por los Derechos Humanos (Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH, Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos -CIIDH, Fundación Sobrevivientes, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala -ICCPG-, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala -ODHAG-, Seguridad en Democracia -SEDEM-, Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala -UDEFEGUA-)